Por falta de quórum, el Congreso no pudo hacer efectivo el cambio en la Ley de Tránsito que propone reducir a 0 mg la cantidad de alcohol por litro de sangre para poder conducir cualquier vehículo no profesional en todo el país; la Cámara de Diputados lo había aprobado en noviembre por 193 votos positivos, 19 negativos y 4 abstenciones. En aquel momento, pocos fueron los legisladores de las provincias vitivinícolas que se opusieron de manera taxativa y finalmente pudo pasar a tratamiento en la Cámara Alta.
La iniciativa fue propuesta por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), con el apoyo de organizaciones de familiares de víctimas de siniestros viales. Además, el Gobierno Nacional incluyó este tema como uno de los 27 proyectos que le pidió al Poder Legislativo tratar en sesiones extraordinarias de manera prioritaria.
Aunque pareciera evidente la adhesión social tácita sobre un tema sensible como es la noble lucha de prevenir muertes y graves secuelas a partir de la imprudencia al volante, provincias que cuentan con economías regionales relacionadas a la industria de bebidas alcohólicas se encuentran visiblemente en contra de su tratamiento por el peligro de verse seriamente afectadas en ellas.
San Juan y Mendoza, por Ley 6.684 (Ley Nº528-R) y decretos reglamentarios, adhieren íntegramente a lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito Nº24.449, la misma que está siendo revisada ahora en el Congreso. De cualquier manera, en declaraciones al periódico digital Tiempo de San Juan, el Gobernador Uñac no dejó lugar a dudas al afirmar públicamente que “el problema de los accidentes de tránsito y el alcohol al volante se los trata de forma aislada y no como un problema integral que requiere consensos y políticas públicas que aborden la educación, la prevención y las sanciones”, anticipando así la decisión política de apartarse de la adhesión en caso de aprobarse la modificatoria.
Desde el sector vitivinícola se percibe este Proyecto como una estrategia que poco rédito puede dar a futuro. La evidencia está en la situación que viven las once provincias en las que ya rige la tolerancia cero y cuyos índices de muertes al volante no han cambiado significativamente. De hecho, en los casos registrados de siniestros mortales por alcoholemia en Argentina se observó un consumo de alcohol a partir de 0,8 por litro de sangre en adelante.
La verdadera solución radica en aplicar efectivamente la Ley vigente, que permite hasta 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre para los conductores de automóviles y 0,2 para los motociclistas. Bajo estas condiciones, se resguarda el sector gastronómico y vitivinícola que opera en gran medida gracias a la experiencia que brinda el consumo del vino. Asimismo, hay varias profesiones que requieren probar mínimamente la bebida para evaluar su estado de conservación, como es el caso de enólogos, y cuyo vínculo con el vino tiene que ver más con un rol profesional que con el mero disfrute.
Si bien la decisión final sobre la Legislación pareciera no estar en manos del ciudadano común que trabaja gracias a la economía regional que representa el vino en nuestra Provincia, desde la Mesa Vitícola esperamos una férrea defensa de nuestros representantes, tanto legislativos como del ejecutivo, para garantizar en nuestro suelo la oportunidad de desarrollo laboral del sector.
