El Gobierno Nacional llegó a un principio de acuerdo tras incorporar reformas en puntos polémicos del proyecto de Ley Ómnibus que está siendo debatido en el Cámara de Diputados. Los cambios fueron solicitados por la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal como condición para respaldar el dictamen oficialista.
Si bien varios son los ítems que atraviesan de lleno a los sanjuaninos, el sector vitivinícola miraba con preocupación el proyecto para gravar con el 8% «todas las mercaderías correspondientes al complejo vitivinícola» que hasta la fecha tienen tasa cero, conforme al artículo 205 del llamado «Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos». Según lo planteado este jueves 18, se mantendría en un 33% las retenciones a la soja, pero se eliminaría completamente la alícuota de exportación para las economías regionales, con lo que se incluiría en este apartado a la cadena de la uva.
Respecto a este tema, representantes del sector ya se habían pronunciado en Diputados días atrás. Uno de ellos fue Walter Pavón, Gerente de Relaciones Institucionales de Bodegas de Argentina, la cámara empresarial que agrupa a más de 250 bodegas y empresas del sector vitivinícola nacional. “La imposición del 8% de derechos de exportación amenaza a las bodegas, empresas vitivinícolas, productores y comunidades que dependen de este sector”, aseguró ante los legisladores. “El vino es un producto de alto valor agregado, no un commodity; apelamos a su racionalidad, dado que ningún país del mundo pone impuestos a quienes exportan y pedimos por su sensibilidad y comprensión para salvaguardar el bienestar económico de nuestra Nación y evitar las consecuencias devastadoras que esta medida podría desencadenar”, finalizó.
Asimismo, Mario González de COVIAR, entidad que nuclea a más de 17.000 productores entre 18 provincias, se pronunció al respecto: «a pesar de que producimos ante la adversidad, competimos con los principales mercados internacionales, como son Francia, Italia, España, entre otros; ese cero porciento a las retenciones nos permitió estar donde estamos, no podemos gravar una economía regional con las complicaciones que supondría esta alícuota». «Sin embargo, entendemos el esfuerzo que debemos hacer para levantar el país y desde el campo siempre hemos dado muestras acabadas del compromiso puesto en ello», argumentó.
La noticia de la inminente reforma al proyecto de Ley fue bien recibida por Gobierno de San Juan. El ministro de Producción, Trabajo e Innovación Gustavo Fernández afirmó a la Mesa Vitícola “en particular nosotros veníamos pidiendo por la baja de las retenciones a la vitivinicultura, de hecho, era uno de los puntos más significativos de diferencia que manteníamos y por las que veníamos haciendo intensas gestiones encabezadas por el propio Gobernador Marcelo Orrego.” Igualmente, fue cauteloso ante la novedad y concluyó “vamos a esperar confirmaciones, en particular sobre la vitivinicultura en las modificaciones que se hagan al proyecto de la Ley Ómnibus para estar seguros de que la vitivinicultura ingresa con menores retenciones”.
Para la cadena de la uva del país, el 8% de retenciones significaba un gran perjuicio para el futuro y un bajo impacto en los ingresos de las arcas del Estado Nacional, ya que sumaría solo 60 millones de dólares, constituyendo apenas el 0.005% del gasto público. Además, perjudicaba aún más la competitividad de las exportaciones argentinas frente a países sin este tipo de gravámenes, sin mencionar el menoscabo a productores de uva, a proveedores de insumos y de servicios. Esto habría provocado un derrumbe en toda la línea de producción, ya que los montos a entregar significan un tercio de lo invertido en empleo directo e indirecto, un cuarto de las compras de materias primas y una reducción de la inversión que se hace para el enoturismo de toda la Argentina, entre otras razones.
Para los productores particularmente, este 8% representaría el derrumbe del precio de la uva, que está en plena puja ante la estimación real de cosecha 2024, dado que un posible sobre stock de vinos por una caída de ventas impactaría de lleno a los valores. Según Pablo Martín, presidente de la Mesa Vitícola «la fijación de la alícuota a la actividad nos sorprendió, ya que es una cadena con alto valor agregado y un sector muy competitivo en el exterior». Añadió que «esta posible eliminación o retracción a lo inicial nos coloca nuevamente en esa postura de competencia en todos los rubros de la vitivinicultura, como lo es la pasa de uva, el mosto y vinos a granel y/o fraccionados; esta decisión gubernamental se verá reflejada en un buen precio de la uva para el productor»
