La publicación de la Resolución 55/2026 marca el inicio de un cambio histórico hacia la competitividad y la transparencia de la industria vitivinícola.
Expresamos un firme apoyo a la reciente decisión del Gobierno Nacional, formalizada hoy a través de la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Economía, que dictamina el cese inmediato de las contribuciones obligatorias que financiaban a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), disponiendo además el cierre formal del Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI).
Desde 2004, la industria vitivinícola se vio obligada a financiar a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) mediante contribuciones forzosas que gravaban cada etapa del proceso, desde el ingreso de la uva hasta la venta del producto final. Esta entidad privada surgió para ejecutar el Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI), un programa nacido por ley con un horizonte temporal definido que buscaba posicionar al país en el mercado global y alcanzar metas de exportación que finalmente nunca se cumplieron. Lejos de aportar competitividad, este esquema afectó al sector al imponer una carga burocrática y financiera que crecía por encima de la inflación, funcionando bajo una estructura que se autoprorrogó sin facultades legales una vez vencido su plazo original.
Para nuestra institución, esta resolución representa el fin de una etapa de intermediación coactiva que durante años representó una carga financiera sin objetivos claros para los productores locales. Por ello, el alivio financiero es inmediato ya que a partir de hoy, tal como lo indica el Artículo 3 de la Resolución 55/26, se elimina la obligación del pago de las tasas previstas en la Ley 25.849, lo que implica que los recursos generados por el esfuerzo de los productores permanecerán en sus establecimientos para fomentar la inversión directa. Además, la COVIAR deberá presentar un informe con un rendimiento de cuentas completo y detallado sobre el uso de los fondos en un plazo de tres meses (Art. 4), pasando los recursos remanentes recaudados hasta la fecha a incorporarse al patrimonio del Instituto Nacional Vitivinícola (Art. 5), asegurando que el capital del sector sea administrado por un organismo técnico de trayectoria.
Sostenemos que la planificación estratégica no debe ser impuesta, sino liderada por el sector privado bajo esquemas de colaboración voluntarios. Como señaló la dirigencia sectorial, esta medida es un acto de justicia que permite a la industria potenciar sus exportaciones y el mercado interno sin el peso de tasas que restaban competitividad. De esta manera, se simplifica la industria, se reduce la burocracia y se ordena una estructura que había cumplido su ciclo legal, permitiendo que el sector avance hacia un modelo de mayor libertad y responsabilidad empresarial.
